domingo, julio 22, 2007
Eutanasia y la demora legislativa (una visión personal)
ACLARACIÓN: El presente artículo es opinión personal exclusiva de su redactor y de ninguna manera refleja necesariamente la posición de cada uno de los demás integrantes de este blog en relación al tema.
En la actualidad, salvo en la provincia de Río Negro, subsiste en el país el problema de la falta de legislación sobre la eutanasia y la muerte digna.
Sin embargo, ello no sucede por falta de proyectos, sino de tratamiento de los mismos, en especial dados los tiempos electorales que corren, en el que el planteo de nuevas soluciones respecto del derecho de cada persona a decidir sobre su propia existencia y a no ser sometido a situaciones de encarnizamiento terapéutico más allá de toda razonabilidad o justificación terapéutica (o simplemente a no verse sometido a una subsistencia en un estado que no sea el libre y responsablemente elegido por cada uno como proyecto de vida personal), puede herir la sensibilidad de sectores importantes de formación de la opinión pública (en especial a nivel religioso) que, mas allá de su buena fe, no dejan de aparecer como interfiriendo en el derecho personal de cada uno de decidir en última instancia sobre la propia vida.
El punto, a mi entender, no es si la gente tiene el derecho a predicar sus creencias sobre cómo enfrentar la muerte y la enfermedad en situaciones extremas, y los demás a aceptarlas y seguirlas (o nó) si así les parece justo (lo que no se discute en absoluto por ser parte de su libertad de conciencia), sino si, en definitiva, dichas creencias, en un sistema democrático, no dependen de última de una opción individual en ese sentido por parte de cada individuo al margen de lo repugnante que pueda resultar para otras personas con opciones de vida distintas.
Así, surge en seguida el interrogante de si es lícito impedir que la gente tome una opción distinta sobre como afrontar situaciones en las que, por degradación extrema de la salud física o psíquica sin posibilidad de recuperación inmediata razonable, uno pueda verse sometido a un estado de sufrimiento o de vegetación que entienda incompatible con una vida digna, y la muerte aparezca como una solución más humana y misericordiosa que ser sometido a una situación que se presenta entonces como denigrante o insoportable, y por ende tenga el derecho a exigir que se respete esa decisión personal suya e incluso que se le ayude a cumplir esa voluntad última.
En definitiva, el tema de la eutanasia, como lo veo, tiene que ver con el derecho de las personas a ser los decisores últimos de sus propias vidas individuales, y a no ser vistos obligados a sufrir interferencias de otros que, al margen de su buena intención, interfieren en definitiva en un ámbito sumamente privado como es el proyecto de vida de cada uno, que a mi parecer incluye también la decisión última de cuándo dejar de vivir y cómo pasar los últimos momentos.
Así, se impone a mi entender que se de un debate a nivel nacional a fin de regular cómo preservar ese derecho individual a mi juicio supremo e inviolable, sin tapujos y sin falsos pudores, así como asegurar las condiciones para que esa elección pueda hacerse con suficiente responsabilidad y seriedad, tanto para preservar el derecho de los que elijan para sí la eutanasia, como para evitar que las personas que no estén suficientemente maduras o en estado de elegir responsablemente tomen una decisión luego irreparable, o que alguien tome una indebida decisión en ese sentido en contra de la elección personal del propio enfermo.
En este punto, en la Cámara de Diputados, el último proyecto sobre regulación de la eutanasia ingresó a fines de 2006. En el Senado la última iniciativa ingresó en mayo y tampoco se trató. La misma suerte corrieron los otros 19 proyectos que desde 1999 hasta ahora se presentaron en el Senado y en Diputados, la mayoría de los cuales ya caducaron al haber perdido estado parlamentario por no tratarse dentro de los dos años de presentados en las comisiones respectivas de las Cámaras de Senadores y de Diputados.
Todos esos casos se refieren a la muerte digna, testamento de vida o eutanasia, nombres que, con distintas variantes, contemplan el deseo del enfermo a que no se prolongue su vida por medios artificiales más allá de su voluntad. Ni siquiera el pedido público del ministro de Salud de una legislación que regule la eutanasia, convenció al Congreso.
En rigor, todas las iniciativas presentadas en el Congreso van en el mismo sentido de resguardar la opción de los enfermos terminales a negarse a recibir tratamientos que prolonguen su vida de modo artificial en contra de su voluntad, estableciéndose que esa manifestación de voluntad anticipada, denominada "testamento vital", sea elaborada por escrito y ante un escribano o un funcionario público para salvaguardar la seriedad y la autenticidad de esa voluntad y evitar también maniobras de terceros que quieran interferir en la decisión de otros de vivir o dejar de vivir. Finalmente, en senadores, hay incluso un proyecto que considera el no cumplimiento del testamento vital de pacientes terminales como "mala praxis profesional".
Dado así que, a criterio del suscripto, se trata de regular un derecho esencial de las personas como es el de disponer de su propia existencia y elegir cómo afrontarla, resulta esencial que se debata en serio el tema a fin de poder fijar los parámetros que aseguren una efectiva tutela del mismo, y la cuestión pueda resolverse con claridad, responsabilidad y el máximo cuidado, sin presiones de ningún sector y para beneficio de todos.
Este artículo fue escrito en función de la noticia en relación al tema que fue publicada en el diario La Nación el día sábado 7 de julio de 2007 por Laura Capriata (http://www.lanacion.com.ar/923701).
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